Un administrador de propiedades en alquiler de Sacramento inició una acción judicial para cuestionar la normativa de California que impide rechazar a los inquilinos con vales federales de vivienda. La demanda sostiene que el requisito de participar en el programa implica inspecciones y controles que vulneran derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos.

Por qué un administrador de propiedades cuestiona la ley de vivienda en California

La ley de vivienda en California es ahora objeto de una demanda presentada por Tom Manning, propietario de Tower Bridge Property Management, empresa que administra cerca de 300 viviendas de alquiler. El empresario busca que los tribunales declaren inaplicable parte de la normativa estatal.

La acción judicial fue presentada ante un tribunal federal, con el respaldo de Pacific Legal Foundation, contra el Departamento de Derechos Civiles de California. El director de ese organismo, Kevin Kish, es mencionado como demandado en la causa. Los abogados de los demandantes plantean que la obligación de aceptar beneficiarios del programa federal de vales de elección de vivienda, comúnmente conocido como Sección 8, impone condiciones que afectan garantías previstas en la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Bajo esta normativa, cuando un propietario acepta a un inquilino que utiliza un vale de vivienda, debe firmar un Contrato de Pagos de Asistencia de Vivienda (HAP, por sus siglas en inglés). Ese acuerdo establece que las autoridades pueden realizar inspecciones periódicas de las unidades para comprobar que cumplen los estándares exigidos por el programa.

También contempla el acceso a documentación y registros vinculados con el contrato. Manning sostuvo en su demanda que, al no poder rechazar a los solicitantes con vales debido a la legislación de California, los propietarios quedan obligados a aceptar esas inspecciones y controles sin que exista una orden judicial ni un consentimiento.

Qué establece la normativa sobre los vales de la Sección 8

Según lo retomado por CalMatters, desde 2020, la ley californiana prohíbe negar el alquiler a una persona únicamente porque utilice un vale federal para cubrir parte del pago de la renta. La medida incorporó los subsidios de vivienda dentro de la categoría de fuente de ingresos protegida por la legislación estatal.

En la práctica, esto implica que los propietarios no pueden excluir a un postulante por participar en el programa de asistencia habitacional siempre que cumpla con los requisitos habituales para acceder al alquiler. Además, la normativa establece que los arrendadores deben cumplir las condiciones del programa.

El argumento presentado por Manning en la demanda contra California

La demanda afirmó que el estado coloca a los propietarios ante dos alternativas: aceptar las condiciones del programa, incluidas las inspecciones previstas, o exponerse a sanciones por incumplir las normas de derechos civiles de California.

Según el planteo judicial, rechazar a un solicitante por utilizar un vale de vivienda puede derivar en acciones legales y procedimientos impulsados por el Departamento de Derechos Civiles de California. Manning aseguró que recibe consultas de personas con este tipo de subsidio varias veces por semana.

El objetivo del proceso es obtener una resolución que determine que la obligación de participar en un programa que exige inspecciones sin orden judicial no puede aplicarse cuando entra en conflicto con las protecciones reconocidas por la Cuarta Enmienda.

En concreto, Pacific Legal Foundation le pide a la corte federal que declare que California no puede exigir la participación obligatoria en el programa de Sección 8, que anule ese requisito por inconstitucional y que prohíba a los funcionarios estatales aplicar la política contra los propietarios.

• Derecho de las personas a estar seguras en sus casas frente a registros y confiscaciones que no sean razonables.
• Establece que no se emitirán órdenes de registro sin causa probable, las cuales deben estar respaldadas por un juramento o afirmación y describir específicamente el lugar que será registrado y las personas o cosas que serán incautadas.
• Los registros realizados fuera del proceso judicial, sin la aprobación previa de un juez o magistrado, se consideran “per se irrazonables”, salvo en excepciones específicas.

La Cuarta Enmienda también protege contra la obligación de otorgar un “consentimiento” bajo coacción legal. El demandante argumentó que la ley de California le quita la opción de preservar esos derechos.